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fueron introducidos ilegalmente al proceso electoral y, simultáneamente,
                  miles de electores simpatizantes de la oposición fueron eliminados de los
                  listados finales. Además, se podría determinar si en efecto, como también
                  afirma la oposición, miles de electores votaron dos veces. Previsiblemente,
                  esta denuncia no ha producido ningún resultado, corriendo igual suerte que
                  un número plural de otras demandas electorales, tan justas como ignoradas.

                         Un Gobierno convencido de la legitimidad de un torneo electoral se-
                  guramente hubiera hecho algún intento para despejar la incertidumbre y el
                  escepticismo que acompañó la proclamación de Barletta. Precisamente a
                  ello fue exhortado por las máximas autoridades eclesiásticas del país.
                  “Ante las dudas que persisten, exhortamos a los responsables del Tribunal
                  Electoral a que agoten cuantos recursos sean necesarios para ofrecer al pú-
                  blico la más objetiva y satisfactoria información en todo lo que respecta a
                                                                        55
                  las elecciones presidenciales y de legisladores”.   Por ejemplo, se le hu-
                  biera podido dar trámite a la denuncia presentada por Cochez. Sin em-
                  bargo, hacerlo significaba exponer una parte importante del fraude. Y ton-
                  tos no son. Por lo tanto, no se sintieron aludidos por la exhortación de los
                  Obispos Católicos y optaron por continuar su existencia como si en Pa-
                  namá no hubiera pasado nada.

                         Similarmente, si Barletta estuviera incluido en esta augusta e hipoté-
                  tica lista de las personas más honradas en la vida pública del país, en la
                  cual él se auto incluyó durante una de sus intervenciones en CADE 84, de-
                  finitivamente hubiera hecho algún esfuerzo concreto y significativo para
                  rebatir las graves y numerosas acusaciones de fraude que se dieron. Por
                  ejemplo, hubiera podido seguir la sugerencia del editorial de La Prensa,
                  del 17 de mayo de 1984, que manifestó: “… lo que tenía que hacerse para
                  que los resultados electorales merecieran credibilidad, era examinar todas
                  y cada una de las actas de mesa de votación en disputa…”. En cambio, se
                  escudó tras unas credenciales de Presidente Electo, que no le pertenecían, y
                  ha pretendido dejarle al tiempo la tarea de encubrir la realidad del fraude.

                         No obstante, el fraude fue tan obvio y fue tan amplia y decidida la
                  reacción nacional e internacional, que el mismo difícilmente será olvidado.
                  La evidencia del fraude ha sido ya presentada, veamos a continuación en
                  qué consistió el amplio y numeroso rechazo a la deshonra y a la burla de
                  las instituciones democráticas.




                  55  DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PANAMEÑA SOBRE EL PROCESO
                  ELECTORAL, punto No. 25.
                                                                                                   119
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