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favor de una presunta nueva legitimidad política, a medio camino entre el
“cesarismo” de un dictador militar y el “poder popular” de un movimiento
revolucionario. De todo, menos democracia representativa.

Además, este intento se acompañó del esfuerzo por alterar la rela-
ción entre la sociedad y el poder político. En el orden social, los gremios,
sindicatos y otras organizaciones fueron considerados como correas de
transmisión de las decisiones del Gobierno, más que como vías de expre-
sión de las aspiraciones de los diversos sectores del pueblo. Se llegó in-
cluso a proponer un proyecto de Instituto de la Familia con prerrogativas
indefinidas en todo el ámbito de la vida familiar. En el orden cultural se
desarrolló una llamada Reforma Educativa, la que pretendía extender el
control estatal sobre todas las instituciones escolares por igual, oficiales o
particulares y politizar de manera uniforme el contenido ideológico de la
educación. Por momentos, se estimuló la división del clero y las tensiones
con la Iglesia incluyeron la expulsión de algunos sacerdotes y la muerte del
Padre Héctor Gallego.

En el orden económico, se promovió el ingreso del Estado en la fun-
ción productiva, industrial, agroindustrial, agropecuaria y, eventualmente,
minera, con miras a invertir por completo la proporción de 1/3 a 2/3 que
existía entre las inversiones públicas y las privadas. Se multiplicaron los

controles oficiales sobre el transporte y la vivienda y, en términos genera-
les, sobre la fijación de todos los precios y las relaciones obrero-patronales.
Se agravó de este modo la polarización de la economía panameña entre el
área internacional, muy libre, de propiedad extranjera preponderante, con
crecimiento sostenido, pero baja contribución a la tasa de empleo y a los
ingresos del Estado y el área doméstica, muy controlada, de propiedad na-
cional predominante, sumida en una crisis prolongada y, por ello, incapaz
de responder a la doble exigencia de suministrar más empleos para una po-
blación en rápido crecimiento y de pagar más impuestos a un Gobierno
cada vez más endeudado.

Se fue configurando así un proyecto “social-militarista” para cam-
biar la sociedad panameña a la brava, desde el poder político y como qui-
siera el poder político, o más bien el poder militar en función política. Pro-
gresivamente, la dinámica de la sociedad se fue reduciendo a las decisiones
centralizadoras del Gobierno, de acuerdo con las imposiciones del Ejecu-
tivo, el mismo sometido a los dictados de la Fuerza Pública, es decir, de su

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