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INTRODUCCIÓN

El pueblo panameño, víctima inerme de una dictadura militar

represiva, corrupta y violadora de todos los derechos humanos, hace
escuchar su voz en este augusto foro internacional para denunciar ante los
Estados que lo integran, y ante la opinión pública mundial, el burdo y
lacerante desconocimiento de su soberanía perpetrado el día 10 de mayo de
1989. En esa ignominiosa fecha, el Tribunal Electoral de la República de
Panamá, obsecuente servidor de la tiranía, invocando pretextos increíbles,
anuló las elecciones celebradas en nuestro país el día 7 de mayo, en las que

una inmensa mayoría de los panameños expresamos, de manera
inequívoca, nuestro total repudio a un régimen carente de toda legitimidad,
que se sustenta única y exclusivamente en la fuerza bruta de las armas y en
la necesidad subalterna de proteger los intereses nefandos de una pequeña
camarilla de militares y de sus validos civiles.

El cínico e injustificable acto del Tribunal Electoral no debe

sorprender a nadie. Se trata de un nuevo eslabón de la larga y pesada
cadena de atropellos, vejámenes y arbitrariedades con que hasta ahora la
dictadura ha logrado mantener aherrojado al pueblo panameño. La
comunidad internacional lo sabe de sobra.

Nos acompañan hoy como testigos excepcionales e irrecusables, los

representantes del denominado Grupo de los Ocho –hoy reducido a siete--,
de cuyo seno fue excluida la República de Panamá, para escarnio de sus
hijos, porque, con razón, se estimó inadmisible e incongruente que en una
instancia negociadora, como lo es dicho grupo, empeñada en la búsqueda
de soluciones democráticas para ciertos conflictos regionales, asomara su

feo rostro, ya sin careta, el gobierno dictatorial panameño cuyos sucesivos
antifaces civiles, inútil maquillaje para disimular lo inocultable, han ido
cayendo, uno tras otro, en las personas de los expresidentes, Aristides
Royo, Ricardo de la Espriella, Nicolás Ardito Barletta, Eric Arturo
Delvalle y del exvicepresidente Roderick Esquivel, todos ellos elegidos
por decisión de los militares y todos destituidos por éstos cuando dejaron
de serles útiles.

El nuestro, lo decimos con profundo dolor, es un país sin Órgano
Ejecutivo, sin Órgano Legislativo, sin Órgano Judicial, sin Tribunal
Electoral y sin Ministerio Público. Ocurre, en efecto, que todo el engranaje
oficial está supeditado al querer de la cúpula militar, en la que, a despecho

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