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de lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, se concentra la totalidad
                  del poder público. Manifestaciones concretas del aserto abundan. Entre
                  muchas otras, cabe citar, por lo reciente, el bochornoso juicio mediante el
                  cual el Órgano Legislativo, sin respetar ninguna de las formalidades
                  pertinentes, destituyó al expresidente Delvalle cuando éste incurrió en el

                  “delito de lesa patria” por disponer que el general Noriega pasara a la
                  situación de retiro. Fue precisamente este desafuero el que determinó la
                  exclusión de Panamá del Grupo de los Ocho.

                         Es tan evidente la superficialidad del Órgano Judicial y del
                  Ministerio Público a la cúpula militar, que America Watch Human Rights,
                  en su informe de abril de 1988 sobre los “Derechos Humanos en Panamá”,

                  hubo de reconocer que “los problemas de derechos humanos que hemos
                  reseñado hasta aquí confirman las críticas que merece la administración de
                  justicia en Panamá, principalmente en lo que toca a su falta de
                  independencia con respecto al poder político. El Ministerio Público pasó,
                  en la práctica, a ser uno de los principales instrumentos para control
                  político de la situación por parte del gobierno, una vez levantado el estado

                  de urgencia. Las acciones tomadas en contra de los medios de
                  comunicación, la investigación celosa de casos que interesan al gobierno y
                  la falta de resultados claros en la investigación de otros en los que pudieran
                  estar involucrados agentes del gobierno, son los indicios más claros de
                  hasta qué punto el Ministerio Público ha cumplido ese papel”.

                         A la luz de la dura realidad de que el nuestro es un país sin

                  autoridades distintas de las militares, analizaremos el reciente proceso
                  electoral y sus antecedentes inmediatos.



                  A.   EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL PANAMEÑO

                  PREVIO AL DIA DE LAS ELECCIONES




                          1. Los Medios de Comunicación Social:



                              Desde hace más de un año, el Gobierno clausuró, intempestiva
                  ilegalmente, los periódicos La Prensa, Extra, El Siglo, el Quiubo y la

                  Gaceta Financiera, así como las emisoras Radio Mundial y K.W.
                  Continente, cuyo equipo de transmisión fue destruido por las Fuerzas de


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