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ninguno de sus miembros, directivos viniera a Panamá aun cuando
recibiera una invitación personal de parte de los Magistrados del Tribunal
Electoral.

En este contexto conviene destacar que la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó Panamá
durante los días 27 de febrero al 3 de marzo de 1989. Entre las

conclusiones a las que llegó figuran las siguientes:

“La Comisión considera que las condiciones mínimas de un
proceso electoral, deben comprender el pleno e irrestricto ejercicio
de los siguientes derechos:

a) Libertad de expresión
b) Derecho de reunión
c) Garantías judiciales
d) Libertad personal

En especial, la Comisión estima que se debe garantizar la actuación
imparcial de los organismos electorales en los que deben tener
representación las distintas corrientes y organizaciones que actúan
en el proceso político panameño; la preparación de registros
electorales confiables; el equitativo acceso a los medios de
publicidad e información; la programación y ejecución de medidas
orientadas a salvaguardar la pureza del proceso, tales como:
posibilitar el ejercicio del derecho al voto del mayor número de
ciudadanos; impedir que una persona pueda votar más de una vez;
realizar con transparencia el escrutinio y que sus números queden
fielmente reflejados en las actas correspondientes; que no haya
errores en las totalizaciones; que se proclamen a quienes de verdad
resulten electos. En definitiva, que se realice un proceso electoral
libre, universal, informado y que se respeten sus resultados de
acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Así mismo, la Comisión ha expresado a las autoridades de
Gobierno su preocupación por la clausura de varios medios de
comunicación social como, por ejemplo: los diarios La Prensa, El
Siglo, Extra, el semanario Quiubo, el Canal 5 de televisión,
Radio Mundial y Radio K.W. Continente. La Comisión,
demandó la urgente necesidad de la reapertura de dichos medios a
la brevedad posible con el objeto de permitir la plena expresión de
la opinión pública como elemento esencial para asegurar la
legitimidad del proceso electoral.

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