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¿Cuántos otros empleados públicos fueron destituidos y les faltó un
poco más de valor para denunciar estas flagrantes violaciones, no sola-
mente a la correspondiente legislación, sino a las más elementales normas
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de convivencia democrática? Nunca sabremos la cifra exacta. El hecho
comprobado, sin embargo, es que un número indeterminado pero cierto, de
ciudadanos fueron privados de su sustento por ejercer la democracia. Por
algo una de las primeras medidas del régimen Torrijista, desde su inicio en
1968, fue derogar la Ley de Carrera Administrativa y nunca más, en sus 16
años, aceptó restablecerla.
¡Y después Nicky diría que ganó en buena lid!
Por supuesto que el verdadero objetivo y propósito ulterior de estas
destituciones era amedrentar a los servidores del Estado.
Las destituciones representaban la parte real y concreta del mensaje
que se les daba en las reuniones de “El Cosita Buena” y que era comple-
mentada por la demagógica publicidad, que abundaba en los medios de co-
municación oficialista. Ver Anexo No. 6.
Paralelamente a las destituciones, se ordenó el traslado de algunos
funcionarios del Estado, simpatizantes de la oposición, a lugares distantes
de su residencia habitual. Obviamente para castigarlos y para aleccionar a
sus colegas. Así pues, el ingeniero David Ricardo Carmona, alto funciona-
rio del Departamento de Sanidad Vegetal, en la Oficina Regional del Mi-
nisterio de Desarrollo Agropecuario, en David, fue trasladado, sin razón
justificada, a la provincia de Bocas del Toro. Su reemplazo fue un veteri-
nario. Algo peor le sucedió a Magna de Valdés, quien había sido telegra-
fista en Atalaya por 8 años y, un buen día, fue súbitamente trasladada a
Santiago, por no haber asistido a un recibimiento a Nicky el 31 de marzo.
8 El diario La Prensa en su columna “En Pocas Palabras”, del 29 de mayo afirma que en Veraguas se
destituyeron a 250 empleados del Ministerio de Desarrollo Agropecuario por asistir a una concentración
de Arnulfo Arias. El Art. 224 del Código Electoral prohíbe el despido de empleados públicos o privados,
que sean candidatos a puestos de representación popular. El llamado “fuero electoral” no impidió, sin
embargo, que estos funcionarios fueran separados de sus cargos.
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