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La experiencia vivida en las mesas de votación se repitió en diversas Junta
Circuitales. Por ejemplo, en Arraiján y La Chorrera, grupos militares y
paramilitares asaltaron los recintos en que funcionaban las Juntas
Circuitales y, a sangre y fuego, se robaron las actas golpeando y arrestando
a ciudadanos indefensos. Por otra parte, en las Juntas Circuitales de los
Circuitos 8.8 y 8.9 en la ciudad de Panamá, la mayoría oficialista decretó
recesos y simplemente no se presentó nuevamente al recinto, suspendiendo
de esta forma el escrutinio.
Un caso específico de los fraudes que se dieron en los escrutinios a
este nivel es el del Circuito de Capira. Allí, la Junta Circuital proclamó
legislador a Domy Luis Montenegro del Partido Demócrata Cristiano
(PDC). Sin embargo, a las pocas horas dicha Junta recibió órdenes para
que anulara esa proclamación y proclamara a la candidata del partido
oficialista PRD, quien había llegado de tercera y así lo hizo, sin importarle
el hecho de que esta falsa proclamación no contara, obviamente, con las
firmas de los representantes de los partidos de oposición. La ganadora
putativa apareció luego en televisión y reconoció públicamente que su
triunfo se lo debía al general Noriega.
Por lo demás, existen grabaciones de conversaciones telefónicas de
importantes personeros de la dictadura, realizadas en los días subsiguientes
a las elecciones, que prueba, sin lugar a duda, las alteraciones a que fueron
sometidas las actas de mesa y de circuito, así como la complicidad de altos
oficiales de las Fuerzas de Defensa en estos bochornosos actos.
3. Los Escrutinios en la Junta Nacional:
Durante los pocos días en que funcionó, la Junta Nacional de
Escrutinio, cuya responsabilidad es escrutar las actas circuitales de los 40
circuitos que conforman la organización electoral, parecía una instalación
militar sitiada. El tránsito vehicular fue desviado varias cuadras a su
redonda y se instalaron retenes militares en todas sus vías de acceso.
Numerosas tropas en arreos de combate fueron apostadas a su alrededor y
en el interior del recinto, junto a los representantes de los partidos y a los
funcionarios del Tribunal Electoral, circulaban libremente decenas de
agentes del G-2 (Seguridad del Estado).
En contravención flagrante del Código Electoral, que expresamente
indica que los escrutinios electorales son actos públicos, la soldadesca
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