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La anulación de las elecciones del 7 de mayo por el Tribunal
                  Electoral supone, a todas luces la admisión implícita que la oposición
                  obtuvo en dichos comicios una ventaja electoral de tal magnitud que no
                  pudo ser escamoteada en el tinglado de las trampas urdidas por la dictadura
                  militar, con la participación del Tribunal Electoral. Si tal no hubiese sido el

                  caso, el régimen castrense habría repetido, sin sonrojo, la historia electoral
                  de 1984, cuando también se desconoció la voluntad soberana del pueblo
                  panameño y se proclamó la elección de los candidatos que habían sido
                  derrotados en las urnas. ¡Que nadie se equivoque! La historia no se repitió
                  porque la dictadura no se había preparado para perpetrar un fraude capaz
                  de ocultar la victoria inmensa de un pueblo que no está dispuesto a tolerar
                  la permanencia en el poder de quienes, lejos de representarlo, lo oprimen y

                  le niegan toda posibilidad de redención económica y de libertad política.

                         En manifiesto fechado el 11 de mayo de 1989, la alianza
                  oposicionista, al impugnar ante la opinión pública el exabrupto del
                  Tribunal Electoral de anular las elecciones, dijo:

                               a.  Que, como coautor del frustrado fraude con que se

                                   pretendió burlar la voluntad del pueblo, el Tribunal
                                   Electoral carece de autoridad moral para anular los
                                   referidos comicios.

                               b.  Que, igualmente, carece dicho Tribunal de base legal para
                                   decretar tal anulación con los pretextos, deleznables y

                                   fementidos, de que hubo obstrucción del proceso electoral
                                   por parte de elementos extranjeros, de que hubo compra de
                                   votos y de que las corporaciones electorales carecen de
                                   documentación auténtica que les permita proclamar la
                                   elección de los candidatos triunfadores en tales comicios.


                               c.  Que las obstrucciones que hubo en el proceso electoral son
                                   imputables únicamente al sector oficialista y que, por otra
                                   parte, todos los observadores extranjeros invitados por el
                                   Tribunal Electoral a presenciar los comicios, así como la
                                   Iglesia católica, han reconocido de manera expresa el
                                   triunfo de la ADO CIVILISTA.


                               d.  Que en el delito de la compra de votos sólo incurrieron los
                                   candidatos de la dictadura, quienes lamentablemente para




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