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social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. El
Pacto de San José de Costa Rica, como también se denomina, es ley de la
República de Panamá, por lo que se supone que debe ser acatado por todas
sus autoridades. De acuerdo con la citada Convención, los Estados parte
tienen el deber de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y

el de garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sujetas a su
jurisdicción.

No obstante, en nuestro país no se respeta el derecho a la vida, ni el
derecho a la integridad personal, ni el derecho a la libertad de pensamiento
o de expresión. Por ello, puede afirmarse que en Panamá el principio de
legalidad es un mito, ya que el Órgano Judicial y el Ministerio Público,

como queda dicho, han renunciado a cumplir la noble y enaltecedora
función que les corresponde en todo Estado de Derecho y, para vergüenza
de todos los panameños, se han convertido en crueles instrumentos de
persecución y represión.

De igual manera hemos visto como el Tribunal Electoral ha
procedido a anular unas elecciones en las que el triunfo de la oposición fue

abrumador, con el único propósito de negar a la mayoría del electorado el
derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos” y el de “tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas”, todo ello
en clara violación del Artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que
concede a todos los ciudadanos de los Estados miembros esos derechos

políticos, los cuales ha elevado a la categoría de derechos humanos, con la
finalidad evidente de que el principio de autodeterminación de los pueblos
sea respetado.

Ya es hora de que se deje constancia que el general Noriega, al
actuar sin frenos normativos ni morales de ninguna clase, no solo se ha
convertido en un peligro de consecuencias incalculables para el pueblo

panameño, ya que sus constantes desafueros están llevando
precipitadamente al país a su más completa destrucción y ruina. Se ha
convertido también en una seria amenaza para la Comunidad Internacional
en general y, en particular, para los países y pueblos de este Continente,
por cuanto el ánimo de supervivencia personal es lo único que motiva sus

actuaciones, tanto en lo interior como en lo exterior y su empecinamiento
en propalar la engañosa doctrina de una supuesta seguridad nacional, para
justificar sus tropelías atenta contra la democracia representativa en todos
los pueblos libres. Se hace necesario, por lo tanto, que la Organización de

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