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“Felicitamos a nuestro pueblo por el patriotismo
demostrado con su conducta ejemplar el domingo 7 de

mayo, al concurrir masiva y pacíficamente a las urnas. Un
pueblo así tiene derecho de vivir en libertad y a que se
respete su voluntad política tan claramente demostrada.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo en general,
de nuestros gobernantes: las intimidaciones veladas o
expresas, las restricciones en la movilización y en la

expresión, los asaltos y robos de urnas y actas, las “turbas”
de militares y paramilitares atacando propiedades y

personas, son algunas muestras de los hechos flagrantes
con que se ha pretendido frustrar la voluntad popular.

¿Qué justificación moral puede haber para dispersar a
golpes y balas a hombres y mujeres que no cometen otro
delito que el de reclamar pacíficamente sus derechos?

¿Qué justificación moral puede haber para mantener
atemorizada a la población mediante “hordas” alimentadas
con odio y un falso nacionalismo que no reconoce ni
respeta la persona y derechos de los demás panameños?

Creemos que las causas y hechos aducidos para declarar la
nulidad son superables y vemos en tal decisión un
verdadero y gravísimo irrespeto por la dignidad de todos
los panameños. Por ello, urgimos, en nombre de Dios, de la
dignidad del pueblo y de la conciencia nacional, a los

responsables inmediatos y últimos del escrutinio electoral a
respetar la voluntad del pueblo libremente expresada en las
urnas. No hacerlo sería cargar sobre sus conciencias un
pecado de lesa Patria”. (Ver Anexo No. 1).

1. La Violencia Postelectoral:

Consciente de que el desconocimiento, anunciado y previsible,
voluntad popular expresada en las urnas no seria aceptado con resignación
por la ciudadanía, el régimen castrense, a lo largo del aun inconcluso
proceso electoral, ha creado un clima de violencia enderezado a
amedrentar a la oposición y a consolidar el sojuzgamiento del pueblo, con

la mira de perpetuarse en el poder a sangre y fuego. En este orden de cosas

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